El otro debate

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“Nosotras no vamos a negociar nada. La negociación la van a hacer los diputados para conseguir consenso. Queremos una ley que se pueda aplicar, no una que sea linda letra y nada más”, señaló Alanís. Para las integrantes de la Campaña, la legalización del aborto es innegociable, y en el mismo sentido se pronunciaron Mendoza, Banfi y Lipovetzky. La legalización, ratificaron, implica el ingreso de la interrupción del embarazo como práctica contemplada en el sistema de salud, es decir, la puerta para que se brinde de manera segura; la despenalización, apenas su salida del Código Penal.

Sobre la mesa hay algunos puntos de debate, cuya modificación o incorporación, según el caso, podría sumar como votos favorables muchos que hoy cuentan como indecisos. Hay quienes adelantaron que acompañarían un proyecto que sumara la mención explícita a la aplicación de la educación sexual integral. Otros piden establecer que la intervención en menores de 16 años requiera el consentimiento explícito de los padres, algo que quienes acompañan el proyecto proponen subsanar remitiendo la aplicación a los artículos del Código Civil que establecen un rango de edades para que chicas y chicos asuman decisiones sobre su salud y sus cuerpos de manera progresiva.

“Después está el tema de que algunos proyectos dicen que, después de pedir el aborto en un centro de salud, la mujer tiene que volver a su casa y pensar cinco días. Pedimos por favor que no sean cinco días”, detalló Alanís. El proyecto de Lipovetzky –quien es firmante del texto de la Campaña pero también es coautor de otra iniciativa–, por ejemplo, propone un plazo de cinco días. “Pero seguramente zanjaremos en tres e incluiremos un comité interdisciplinario, pero no como consejerías obligatorias, para que no signifique un obstáculo en la aplicación de la ley, porque implementarlas en Ciudad de Buenos Aires puede ser fácil, pero en la Puna es más difícil. Poner eso como obligatorio sería un error”, explicó. “Tiene que ser un período de reflexión de menos días que en Uruguay, y siempre y cuando tomar ese tiempo no haga que la gestión avance tanto como para que no se pueda hacer el aborto”, dijo por su parte Mendoza. 

El otro punto ríspido, y que los representantes de sectores antiderechos suelen llevar a las audiencias del plenario de comisiones, es el de la objeción de conciencia. Por eso, en un texto de consenso “se podría llegar a incorporar la objeción de conciencia. Pero personal, la institucional no existe, sería inconstitucional hacer un planteo de objeción de conciencia institucional. La libertad religiosa es un tema de derechos humanos; entonces, si lo es, es ejercido por una persona, no por instituciones”, señaló Banfi, para quien ese punto debe ser redactado con detenimiento, porque podría terminar obstaculizando el acceso al aborto en jurisdicciones pequeñas. Uno de los proyectos en danza, y cuyo texto podría formar parte de una iniciativa consensuada, establece la posibilidad de objeción de conciencia pero en base a un registro: sólo podría negarse a interrumpir un embarazo una o un profesional que, previamente, se haya inscripto como objetor a esa práctica; de otro modo, no podría negarse; además, el Estado siempre tendría que garantizar que, a pesar de esa objeción, haya una o un profesional capaz de realizar el aborto.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/117730-el-otro-debate