“La protesta crecerá con la crisis socioeconómica”

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“No sé lo que va a pasar en el futuro, pero nadie cree que vaya a ser un futuro simple y llano”, dice Gabriel Fuks. Se refiere a la protesta social y a la actitud de la policía frente a ella, un tema que lo ocupa y preocupa porque en su condición de defensor adjunto del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires tiene a su cargo la tarea de observar que en ese marco no se vulnere ningún derecho. Ante un escenario que anticipa un aumento de la conflictividad social, la Defensoría organizó para el próximo 7 y 8 de junio un seminario regional sobre el uso de la fuerza, el rol de la Justicia y las políticas de seguridad. “La idea es generar una herramienta para todos los sectores que ven vulnerados sus derechos y para toda la sociedad, producir información sobre el tema para que todos puedan después acceder a ella”, explica Fuks sobre el encuentro del que participarán especialistas locales y extranjeros, funcionarios judiciales y autoridades porteñas.

La Defensoría del Pueblo porteña organiza el Seminario Regional Derechos Humanos y Seguridad en conjunto con la sede local de Nacional Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh). El encuentro coincide con que se cumplen diez años de las directrices de la ONU sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. “Estas recomendaciones ya fueron adoptadas durante la gestión de Nilda Garré en el Ministerio de Seguridad nacional y en la Ciudad fueron incorporadas en los artículos 99 y 1000 de la ley 5688”, remarca Fuks.

–¿Y qué establecen esas directrices?

–Establecen mecanismos de resolución de los conflictos que incluyen la negociación y protocolos para el tratamiento de distintas situaciones, el no uso de armas letales en el contacto de las fuerzas de seguridad con los actores sociales, la identificación plena de los agentes policiales y que haya presencia policial solo cuando sea necesario. Estas son las recomendaciones nodales y tienen que ver con la concepción de la seguridad democrática. Este es un debate que se plantea en toda América Latina, pero la Argentina vivió antecedentes muy trágicos, como el de Kosteki y Santillán, por tomar sólo un ejemplo.

–¿A qué atribuye que aún cuando hayan sido incorporadas a la Ley de Seguridad porteña haya discusión al respecto?

–Hay una situación de confusión a veces innecesaria. En la manifestación del 18 de diciembre pasado en el Congreso la jueza López Vergara mandó un oficio solicitando que se cumpliera la ley de la ciudad y hubo todo un debate donde se atribuía a su oficio la situación de desprotección de la policía. Esta utilización a veces poco oportunista de la situación se termina dirimiendo entre quién es garantista y quién no lo es de una manera ridícula y este seminario puede ayudar a aclararla porque habrá presencia de actores de todos los espacios, incluido el gobierno de la Ciudad, cosa que valoro, y todas las opiniones van a estar reflejadas. También habrá muchos especialistas y organizaciones como Amnistía Internacional, el CELS; va a estar Arslanian, viene el representante regional del Acnudh, representantes de la Universidad Cándido Mendez de Brasil. Y también valoro que la Defensoría sea aceptada por el conjunto como un ámbito para dar este debate.

–¿Qué expectativas tiene sobre el resultado del debate?

–Si bien no va a tener una conclusión formal, nos va a permitir tener una referencia de cuál es el grado del debate sobre el uso de la fuerza y la visión que tenemos sobre la seguridad democrática. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad es una garantía y un organismo que tiene participación específica de resguardo de que se cumplan las recomendaciones de la ONU y la ley y de que no se viole ningún tipo de derecho en el contexto de la protesta social.

–En los últimos meses las protestas se volvieron moneda corriente en la Ciudad. ¿Cómo manejan esa situación?

–Después del 18 de diciembre en las movilizaciones se ha producido un ámbito de diálogo entre la Defensoría, los actores y las autoridades del gobierno de la ciudad. El aumento de la movilización no ha complicado porque todos los actores estamos participando muy fuertemente. En eso yo destaco el rol de la Defensoría, con el defensor Alejandro Amor hemos estado en casi todas las movilizaciones en forma presencial.

–¿Qué hace concretamente la Defensoría cuando hay manifestaciones?

–La Defensoría, en tanto garante de las situaciones que tienen que ver con lo que la ley establece, ha venido montando una presencia activa en la calle, con 200 o 300 personas, abogados, rescatistas y gazebos para mantener y ayudar a que todo se desarrolle por el carril adecuado sin violaciones a los derechos individuales. También ha contribuido a acolchonar la relación entre los que van a protestar y las fuerzas de seguridad.

–¿Pueden plantearse situaciones problemáticas de la mano del aumento de la conflictividad social?

–Qué va a pasar es muy difícil saberlo, porque los niveles de protesta crecerán en cuanto la crisis socioeconómica se agudice. También hay tendencias autoritarias dentro de las fuerzas de seguridad que, en ese caso, se potenciarán por la obligación de estar en la calle en forma sistemática, en contacto con situaciones complejas y en algunos casos sin la preparación suficiente.

–¿La Policía está preparada en términos democráticos?

–La Ciudad hace un esfuerzo e invierte por mejorar la capacitación, los resultados iremos viéndolos. Pero la Policía de la Ciudad no nació de cero y tiene interiorizadas las tensiones de su creación a partir del traspaso de personal de la Policía Federal. También tiene la tensión de ser la que controla un territorio donde se desarrolla toda la protesta social.

–¿Cómo incidió en la policía el caso Chocobar y el respaldo que le dio Macri?

–El caso Chocobar es un caso fundacional de teorías que no tienen ningún asidero. Es una aberración desde el punto de vista de la doctrina que promueve el gobierno nacional, violatoria de los derechos más elementales y de la defensa de cualquier idea de seguridad democrática. Pero hay un segundo problema que es el del llamado estado policial; o sea el de si el policía debe seguir siendo permanentemente policía durante las 24 horas. Si a la idea de la policialidad las 24 horas, que en muchos países se fue abandonando, le sumamos un componente ideológico como el que se quiso poner en el caso Chocobar vamos a tener muchos Chocobar. Si hay una cobertura a la idea de que pueden actuar en cualquier lugar y situación, incluyendo una persona que huye de espaldas, tenemos un problema muy grave desde el punto de vista de la seguridad.

–¿Qué opina del intento del Gobierno de sumar a las fuerzas armadas a las tareas de seguridad?

–Eso no entra en el marco de la Ley de Seguridad argentina. Hay dos cosas en las cuales si las fuerzas armadas son utilizadas debe haber un absoluto control de la política y los estamentos gubernamentales: una son las misiones humanitarias, que normalmente disfrazan ocupación territorial (como ahora vemos cerca de Vaca Muerta); el otro tema es la participación activa en tareas logísticas vinculadas con la seguridad. Argentina tiene cuatro fuerzas de seguridad, la Policía Federal, la PSA, la Prefectura y la Gendarmería, a la cual han venido potenciando en materia ideológica y armamentística, con lo cual esto parece estar más vinculado a una situación de tensión interna que al cuidado de las fronteras, como se dice.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/119210-la-protesta-crecera-con-la-crisis-socioeconomica